Aunque el informe aborda la interseccionalidad, lamentamos que omite mencionar a las trabajadoras sexuales, quienes son sistemáticamente excluidas del sistema de protección social debido a la criminalización, el estigma y la falta de reconocimiento legal de su trabajo. Esta exclusión resulta en una falta total de acceso a pensiones, seguro médico o apoyo económico, una situación que se siente con mayor intensidad en la vejez.
- Valoramos especialmente la referencia al impacto de los tóxicos sobre la salud de las mujeres, las adolescentes y las niñas. La exposición a tóxicos no se limita a las condiciones laborales sino también a componentes de los alimentos y los plásticos, a la degradación ambiental y a la fumigación con agrotóxicos. El impacto de los tóxicos sobre la salud reproductiva de las mujeres es una cuestión de justicia reproductiva, e incluyen el aumento de las tareas de cuidado, que ya recaen desproporcionadamente sobre las mujeres.
- Sin embargo, lamentamos que el informe omita temas clave como la falta de reconocimiento legal de las familias LGBTIQ+ y la consecuente vulneración de su derecho al cuidado, recientemente reconocido como derecho autónomo por la Corte Interamericana, afectando tanto a personas adultas como a sus hijes.
- Vemos con alta preocupación que el Estado, no reconociendo estas restricciones, no haya aceptado la recomendación 122.274 alegando que no existe ninguna disposición legal que discrimine a personas transgénero; Asimismo, la falta de aceptación de las recomendaciones en torno al matrimonio civil de personas LGBTIQ+ sin un sustento jurídico válido, desconociendo el bloque de constitucionalidad.
- Valoramos que el informe reconozca la contribución a la economía global que produce el trabajo de cuidado y de apoyo. Hablar de cuidados seriamente es hablar de dinero. Acompañamos la afirmación que hace sobre la necesidad de un enfoque interseccional, feminista y basado en los derechos humanos para el establecimiento de sistemas de cuidado y apoyo, y que el trabajo de quienes los proveen sea decente, formalizado y bien remunerado. Insistimos en las obligaciones de los Estados en este tema y en la necesidad de reducir y redistribuir el cuidado no pago.
- Las trabajadoras sexuales nos enfrentamos a obstáculos para acceder a la justicia, tanto como víctimas de delitos o cuando somos acusadas. La criminalización del trabajo sexual, el estigma y la discriminación, así como la corrupción y la violencia policial, también limitan el éxito de los enjuiciamientos y las condenas de los autores, así como el acceso a la indemnización y los servicios de apoyo a las víctimas.
La soberanía tecnológica y la colaboración internacional son imprescindibles. Las corporaciones internacionales deben utilizar tecnologías abiertas y de código abierto en el desarrollo de IA para asegurar el acceso al conocimiento y la distribución de tecnologías, pero también para asegurar una supervisión abierta sobre cómo funciona esa tecnología y sus potenciales prejuicios.
- Resaltamos el rol crucial de las redes comunitarias, generalmente formadas por mujeres. Su apoyo y provisión de información, insumos y servicios frente a decisiones y necesidades reproductivas, incluyendo el aborto, resultan indispensables tanto para el ejercicio efectivo de derechos como para evitar daños graves y pérdidas de vidas.
Valoramos que el informe aborda los obstáculos que enfrentan las mujeres y las personas LGBTI y animamos a la Relatora Especial a que siga examinando cómo la raza, la etnia, la clase, la casta, la discapacidad y otras opresiones relacionadas operan en este contexto.
Es urgente que los Estados adopten medidas para mitigar el acoso y el ataque que usan las tecnologías digitales, incluyendo la violencia de género mediada por la tecnología, y combatir la vigilancia y desinformación.- Nuestra contribución evidenció, aparte de los avances en el reconocimiento del trabajo sexual autónomo en el país, las personas trabajadoras sexuales aún enfrentan condiciones laborales inaceptables, detenciones ilegales y agresiones por parte de la Policía, incluyendo varios casos de violación sexual. Delitos que quedan en la impunidad. La razón primaria de todos ellos es el estigma hacia el trabajo sexual y la discriminación hacia las personas trabajadoras sexuales.
- Apreciamos al informe de la Experta Independiente. Como señala, los países del Sur Global son los más afectados por una crisis climática que no causaron y por un sistema financiero global injusto, y están luchando con niveles de deuda cada vez mayores, obligados a pedir más dinero, a menudo solo para pagar las deudas existentes, con medidas de austeridad impuestas por el FMI y el Banco Mundial, incluidos recortes al gasto público y privatización de servicios esenciales que afectan desproporcionadamente a mujeres, comunidades racializadas, la niñez, personas adultas mayores y las comunidades marginadas.
- También valoramos mucho la referencia a la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores, porque en su enfoque integral incluye los derechos sexuales. Las personas mayores, incluyendo las personas LGBT, así como las personas con discapacidad, a menudo son tratadas como si no tuvieran una vida sexual.
- Los Estados que imponen sanciones aseguran que éstas se proponen mejorar las vidas de las mujeres y otras personas marginadas, pero siguen desestimando la evidencia de que las sanciones agravan la opresión de género, raza y clase.
- Si no se abordan los sistemas de opresión, los derechos humanos son un sueño lejano. Dada la urgente necesidad de reformar la arquitectura financiera global, ¿cómo pueden asegurar el Consejo y otros actores que los esfuerzos por promover los derechos económicos, sociales y culturales no seguirán siendo superficiales? Si los sistemas financieros que provocan las desigualdades globales quedan intactos, será sólo una lavada de cara.
- Alentamos a México a que las políticas y leyes que adopte tengan un enfoque interseccional, ya que son numerosas las violaciones a los derechos humanos donde además del género o la orientación sexual y la identidad de género, aspectos como la clase, el origen étnico, el estatus migratorio u otros factores incrementan sustancialmente las vulnerabilidades de las personas que sufren discriminación.
- a mayor violencia que sufrimos las personas trabajadoras sexuales está basada en el estigma, la discriminación y la persecución policial. Necesitamos que se reconozca el trabajo sexual como lo que es: un trabajo.
- Las trabajadoras sexuales ejercemos nuestro derecho a la autonomía corporal y al trabajo. Sin embargo, enfrentamos cotidianamente la vulneración de derechos, esto compromete nuestra integridad, nuestra libertad y en muchos casos nuestras vidas.
- El informe señala que el gasto militar de los Estados del norte global refleja sus prioridades y su desdén por los derechos humanos básicos. Recordamos a esos Estados que su asistencia militar y exportaciones de armas están colaborando con el genocidio del pueblo palestino en Gaza, violando las medidas provisorias ordenadas por la Corte Internacional de Justicia.
- Apreciamos el compromiso de Argentina con el mecanismo del EPU y el apoyo de las recomendaciones relacionadas con los derechos sexuales recibidas. Particularmente aquellas relacionadas con los derechos de las personas LGBTI y las actuaciones del sistema judicial en investigaciones independientes, imparciales y transparentes.
- El desarrollo social y económico que se supone traen las corporaciones transnacionales a estos países es solo una promesa lejana, mientras que las violaciones a los derechos humanos y ambientales son una realidad palpable.