Vemos con alta preocupación que el Estado, no reconociendo estas restricciones, no haya aceptado la recomendación 122.274 alegando que no existe ninguna disposición legal que discrimine a personas transgénero; Asimismo, la falta de aceptación de las recomendaciones en torno al matrimonio civil de personas LGBTIQ+ sin un sustento jurídico válido, desconociendo el bloque de constitucionalidad.

Valoramos que el informe reconozca la contribución a la economía global que produce el trabajo de cuidado y de apoyo. Hablar de cuidados seriamente es hablar de dinero. Acompañamos la afirmación que hace sobre la necesidad de un enfoque interseccional, feminista y basado en los derechos humanos para el establecimiento de sistemas de cuidado y apoyo, y que el trabajo de quienes los proveen sea decente, formalizado y bien remunerado. Insistimos en las obligaciones de los Estados en este tema y en la necesidad de reducir y redistribuir el cuidado no pago.

Las trabajadoras sexuales nos enfrentamos a obstáculos para acceder a la justicia, tanto como víctimas de delitos o cuando somos acusadas. La criminalización del trabajo sexual, el estigma y la discriminación, así como la corrupción y la violencia policial, también limitan el éxito de los enjuiciamientos y las condenas de los autores, así como el acceso a la indemnización y los servicios de apoyo a las víctimas.

La soberanía tecnológica y la colaboración internacional son imprescindibles. Las corporaciones internacionales deben utilizar tecnologías abiertas y de código abierto en el desarrollo de IA para asegurar el acceso al conocimiento y la distribución de tecnologías, pero también para asegurar una supervisión abierta sobre cómo funciona esa tecnología y sus potenciales prejuicios.